Impacto de la reforma penal actual del femicidio como delito autónomo en Panamá, período 2014-2019.

La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar el impacto de la reforma penal actual del femicidio como delito autónomo en Panamá, periodo 2013- 2019. La investigación tuvo un enfoque cualitativo pero complementada con el empleo de la óptica cuantitativa, siendo del tipo exploratorio y documental, no experimental y transversal y con un diseño focalizado en la teoría fundamentada. Para la consecución del procedimiento metodológico pautado, se definió una muestra de accesibilidad y no probabilística, conformada por veinticinco profesionales de la Sección Especializada de Femicidio/Homicidio del Ministerio Público de Panamá, de la ciudad de Panamá, a quienes se les aplicó un instrumento de recolección de información en escala de Likert con siete planteamientos de preguntas cerradas, toda vez que se analizaron los datos estadísticos sobre los delitos de femicidio publicados por el Ministerio Público, de los años 2014 al 2019. Los hallazgos indican que hay un impacto favorable de la adecuación jurídica realizada para especificar el delito de femicidio, en cuanto a coadyuvar en la minimización de esta vertiente penal, pero sin tener presente que es necesario la implementación de las acciones preventivas desde otros ámbitos diferentes al normativo, por tener mayor posibilidad de influenciar en la reducción de esta conducta contraria a la ética, moral y convivencia ciudadana

La exclusión de la prueba ilícita como garantía de respeto de los derechos fundamentales en el proceso penal panameño

La búsqueda de la verdad material justificaba el empleo de cualquier medio en la obtención de la prueba A partir de Beling, se establecen límites a la averiguación de la verdad, porque el proceso penal se halla inmerso en la jerarquía de valores ético jurídicos en que la verdad no es un valor absoluto. Es allí cuando surge el concepto de prueba ilícita, sin que en la doctrina haya unanimidad en el concepto, ya que hay autores que la conciben desde un punto de vista amplio, donde no sólo se vulneran derechos fundamentales, sino que también abarca la legalidad ordinaria, mientras que el concepto restringido sólo involucra la vulneración de derechos fundamentales. Este tema también comprende un estudio exhaustivo de la regla de exclusión, desde el punto de vista doctrinal y de derecho comparado, así como los efectos reflejos de la prueba ilícita, con la elaboración de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, sus excepciones, hasta la doctrina de la conexión de antijuricidad, de reciente data, en la junsprudencia española. El efecto psicológico de las pruebas ilícitas en la mente del juzgador ha sido motivo de nuestra preocupación, al igual que su deficiente regulación en nuestro derecho positivo, ya que ha sido la jurisprudencia la que ha venido a llenar los vacíos en esta materia. Hemos propuesto que se incluya en el Proyecto de Código Procesal Penal la necesidad de establecer criterios de valoración de la prueba ilícita, que sus efectos sean de nulidad absoluta, que la parte agraviada pueda atacar su ilicitud en cualquier momento, que tales pruebas puedan ser retiradas del expediente, relevar al juez de la causa de seguir conociendo el proceso y que la prueba ilícita no se valore ni siquiera en aquellos casos en que los agentes policiales han actuado de buena fe

Análisis procesal constitucional y penal de la legislación que crea el sistema de educación bilingüe en Panamá.

Objetivos de la investigación. Todo trabajo de investigación requiere que se definan los propósitos que tiene el tratamiento del tema que se ha seleccionado, para determinar la repercusión que éste tiene para la vida de la sociedad. En el caso que nos ocupa es importante determinar cuáles son las implicaciones jurídicas, definidas en el proceso constitucional y penal, por el medio legal, Decretos Ejecutivos, con el cual se está promoviendo el cambio del sistema educativo panameño y en qué consisten estas implicaciones jurídicas y judiciales. Por esto, es importante definir los objetivos que guiarán este proceso de investigación que los hemos dividido en generales y específicos. Los objetivos generales y específicos definen qué se persigue con la investigación y éstos deben guardar relación entre sí, para que el desarrollo de la investigación tenga la coherencia que permita la comprensión del tema en estudio y se pueda llegar a descubrir soluciones adecuadas que resuelvan el problema, que es preocupación, no sólo del investigador, sino, lo más importante, de la sociedad. Objetivo general de la investigación. El objetivo general es la guía más amplia que define el límite que orientará la investigación jurídico - procesal que pretendemos desarrollar. Para esta investigación tendremos como guía el siguiente objetivo general: “Analizar las consecuencias procesales del contenido de la legislación formal y material que crea el sistema de educación bilingüe en la República de Panamá, frente al contenido de las normativas de la Constitución Política vigente y del Código Penal”. De este objetivo general desprenderemos otros objetivos que nos permitirán desglosar el tema de investigación para llegar a sus componentes más detallados de manera coherente y que nos permitirán arribar a conclusiones reales sobre el problema

Parámetros a seguir para cuantificar el daño moral, ocasionado a las víctimas de delitos, en el derecho penal panameño.

El daño moral es un perjuicio que afecta un bien inmaterial o extrapatrimonial de una persona, como su dignidad, sentimientos, reputación, honor, etc., que aunque muchos autores consideran que no puede ser reparado por tratarse de un daño abstracto, difícil de cuantificar por no poder apreciar su magnitud, sí puede ser susceptible de una compensación, como por ejemplo, económica, a manera de causarle cierta satisfacción a la víctima, por el mal rato pasado. Es por ello, que analizaremos en detalle, cuáles son los parámetros que toman en cuenta nuestros jueces a la hora de tasar la indemnización del daño moral, haciendo un análisis de la doctrina, la ley y la jurisprudencia patria; además, de plasmar lo concerniente a la reparación de este tipo de daños en jurisdicciones extranjera, este es un tema que a pesar de ser muy estudiado tanto por escritores como por juristas, no se le ha dado la importancia que merece, existiendo todavía criterios encontrados a la hora de fallar y establecer los montos indemnizatorios, lo que ha generado inconformidad en muchas ocasiones

Facultades jurisdiccionales de la Dirección General del Sistema Penitenciario en Panamá.

El Sistema Penitenciario puede definirse como la organización creada por el Estado como tutor del privado de libertad, quien tiene el deber de velar por el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, así como también poner en ejecución las penas o medidas de seguridad impuestas por la autoridad sancionadora. Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de los internos. La Dirección General del Sistema Penitenciario ejerce funciones jurisdiccionales, ya que mediante la Ley 28 de 1 de agosto de 2005 se modificó el Artículo 47 del Código Penal y se adicionó el Capítulo X denominado Conmutación de Penas de Privación de Libertad por Estudio o Trabajo, al Título III del Libro Primero del Código Penal, otorgándole al órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno a desarrollar modalidades al cumplimiento del sistema de ejecución penal. En la actualidad esta Ley quedó derogada por la entrada en vigencia de la Ley 27 de 21 de mayo de 2008 que en su Artículo 19, señala que las funciones y competencias de los Jueces de Cumplimiento previstas en la ley sustantiva vigente, serán ejercidas por el Tribunal que conoció de la causa y la Dirección del Sistema Penitenciario de acuerdo a sus competencias legales hasta la entrada en vigencia de la normativa de procedimiento. Conocido el marco teórico sobre las funciones jurisdiccionales de la Dirección General del Sistema Penitenciario procedemos con la investigación donde se muestra la población penitenciaria en nuestro país, la población penitenciaria clasificada en el sistema progresivo técnico a nivel nacional, la población penal condenada que participa en programas de tratamiento y rehabilitación extramuros, intramuros y depósitos domiciliarios

Importancia de la motivación de las sentencias del tribunal de juicio oral en la Provincia de Los Santos

Este trabajo investigativo se encamina en la importancia de la motivación en las sentencias del Juicio Oral en la provincia de Los Santos, donde actúa desde el 2 de septiembre de 2012, el Sistema Penal Acusatorio en Nuestro país. Podemos agregar, que nuestro estudio pretende otorgar al lector un instrumento con el cual puedan observar desde la óptica del Sistema Penal Acusatorio la motivación en las sentencias del Tribunal de Juicio en la provincia de Los Santos. Dicho lo anterior se debe señalar que este estudio indaga en las diferentes prácticas que se han implementado en Panamá y otros países dentro del Derecho Comparado frente a la oralidad en el derecho penal. Dentro de este contexto, la motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento. La motivación nos permite comprobar, por ejemplo, si se dan los presupuestos de verosimilitud y peligro indispensables. Pero además y he aquí el objetivo de la presente investigación, se considera que la motivación de la sentencia juega un papel preponderante, como fin del proceso penal, pues nos permite constatar la corrección del juicio emitido en la sentencia definitiva

Factibilidad de la jurisdicción agraria en el sistema judicial panameño.

Esta investigación sobre la Jurisdicción Agraria en Panamá, es una normativa moderna, que ha sido considerada materia especial por el Órgano Judicial y aprobada recientemente mediante ley N° 55 del 30 de mayo de 2011, debido a que anteriormente, no estaba implementada de acuerdo con la realidad social, las exigencias del mercado, los derechos del consumidor y en particular de la propia justicia social. En este sentido, surgió la necesidad de un anteproyecto para crear la estructura y procedimiento exclusivos de la jurisdicción agraria, con el fin de que los procesos agrarios sean tramitados conforme a los principios legales y de justicia social que establece la Constitución y la ley. Para el desarrollo de este trabajo, se realizó una breve reseña sobre el origen del derecho agrario, tanto en lo interno como en el derecho comparado Igualmente, el estudio de la norma procesal, específicamente, los procedimientos que se tramitan en la jurisdicción civil adjunta para casos agrarios y contemplados en el Código Judicial panameño, el análisis del proyecto agrario como una realidad nacional, normas constitucionales, leyes y decretos relacionados con el tema en comento. Concluimos con esta investigación, que para un mejor desarrollo económico del país se requiere de la implementación de la jurisdicción agraria en Panamá de manera integral, para lograr que los procesos del sector agropecuario se realicen de manera expedita y que haya seguridad jurídica con su institucionalidad